Por Alfonso Hamburger
Algunos de los desplazados de Bajo Grande todavía no olvidan la perrita amarilla que llevaban cabestrera y despierta los uniformados que se metieron en el pueblo y tras masacrar a varios habitantes prendieron fuego a sus casas, comenzando desde allí la parte más difícil de sus vidas de desarraigados. ¿Cómo olvidar aquella animalita si llevaba un bozal y se quería escapar del mando del soldado?: olía y lambia todo a su paso.
Meses después de la masacre, viviendo de la caridad pública, algunos de los desplazados, quienes todavía no se acomodaban a vivir de la limosna, observaron perplejos cómo soldados del Gobierno transitaban por el casco urbano con la misma perrita amarilla del día de los hechos, lo que comprobaba una vez más la mezcla de paramilitares con agentes del Estado en la labor sistemática de muerte y desplazamiento. Hoy, muchos años después, ellos quieren olvidar, pero no pueden. De modo que para emprender cualquier proyecto de desarrollo y tumba del monte que parece forrarlo todo en Los Montes de María, es necesario que se sepa la verdad, de lo contrario el proceso, legal o ilegal de ocupación de tierras, estaría viciado. La tumba del monte no puede cubrir la impunidad. El pasado pesa mucho para esta gente.
En algunas masacres cometidas en la región, como la de Chengue, quedó comprobada la participación de agentes de Infantería de Marina, sea por presencia física o por omisión por parte de la cúpula, quienes pudiendo evitar la muerte anunciada, se hicieron los de la vista gorda y en tal sentido ya hubo sentencia judicial. Ellos se enteraron a tiempo de la presencia de los paramilitares y no movieron un dedo sino cuando ya estaba consumada la masacre y al llegar no hicieron otra cosa que obstaculizar el libre ejercicio del periodismo.
A estas alturas, cuando todo tiende a normalizarse, empresas foráneas de todo tipo, la mayoría antioqueñas, han adquirido unas treinta mil hectáreas en la zona abandonada a punta de terror, a un promedio que oscila entre 500 y 600 mil pesos por hectárea. Entre los nuevos propietarios existen, incluso, ex militares. Algunas de esas fincas están en zona protegida por el Estado y se cree que muchas fueron adquiridas bajo algún tipo de presión, desde la económica hasta la de intimidación con carros cuatro puertas igualitos a los que utilizaban los paramilitares antes de desaparecerlos, según lo confirmó en el Foro Agrario de Cartagena, convocado por la Fundación de Desarrollo y Paz de Los Montes de María en junio pasado, el presidente de la Anuc Sucre, Adalberto Villadiego. El famoso carro blanco en que se llevaban a la gente, se observa nítido, ya no de color blanco, sino negro en la mente atribulada de quienes fueron víctimas de sus fantasmagóricas apariciones.
La labor sistemática de neo-colonización o la irrupción de lo que los académicos denominan “La nueva elite agraria en el Caribe”, parece fortalecerse con esta compra masiva de tierra en Los Montes de María, pese a que ahora se quiera suavizar el viaje con una Corporación cuyo lenguaje es netamente antioqueño, sin que se sepa la lista completa de sus aportantes. Aunque la mencionada Corporación no es la dueña de las tierras, algunos de sus socios adquirieron fincas que por su sentimiento y tradición, deben ser devueltas a los campesinos de la región. Ya sea mediante negociación directa con los antiguos dueños o a través de procesos legales amparados por el Gobierno.
La colonización paisa, que empezó con las tiendas de ropas y restaurantes, continúo con las playas de Tolú y Coveñas y se extiende con la compra masiva de tierras en Los Montes de María, debe ser reflexionada profundamente.
No nos oponemos al desarrollo. Que donde haya un rastrojo de aromos y pringamoza se yerga una mata de yuca, ajonjolí o maíz, no es el problema. El problema radica en que nuestra gente tiene sus costumbres ancestrales muy arraigadas y no pueden venir personas de otras regiones de la noche a la mañana a dictarles clases de gaitas y de tangos, porque si Gardel ya murió, Toño Fernández pervive en el corazón de la región.
La situación no es como para mirarla tan ligeramente y justificarla con unas fotos que muestren un cayo de maíz donde antes había rastrojos. El que la trocha para sembrar ese maíz haya sido custodiada por los mismos aliados de su desplazamiento, deja mucho que desear. Es la propia comunidad de desplazados, con la mano del Gobierno, quienes deben liderar el proceso, o es mejor que los montes mismos, así embarbascados, se encarguen de seguir protegiendo la tradición. Antes de seguir tumbándolos, sin que se establezcan los mecanismos de verdad, justicia y reparación, es mejor que le siga lloviendo al sucio. Esos montes allí parados no le hacen daño a nadie. Al contrario, sirven para revitalizar la tierra y para generar nuevos pulmones de oxigeno. Hasta sería mejor declararlos patrimonio ecológico del mundo.
¿A quién va a beneficiar su productividad? ¿Qué mercados van a copar? ¿Qué tipos de tributos se van a pagar? Con lo regionalistas que son los antioqueños no se garantiza que los primeros beneficiarios de su explotación sean los residentes en la zona. La tenencia de la tierra de poder social paso a convertirse en una herramienta de dominación política y militar. En el proceso de desplazamiento de los campesinos operaron varios factores, como la indiferencia estatal, la presencia de la guerrilla y después la alianza de políticos con paramilitares. La tierra dejó de ser un motivo de estatus social para convertirse en una aliada estratégica en la expansión de ideologías y dominación bajo el pretexto del neoliberalismo fracasado de estos días de recesión.
¿Quién nos garantiza que nuestra mochila sabanera no sea cambiada por el carriel antioqueño?
Nuestras costumbres son distintas. Nos gusta compartir el patio y en ese patio un tinto bien conversado, prestarnos la candela por la cerca, atravesar portillos comunes. Siempre compartimos el camino real y ahora ese camino se puede convertir en una trocha custodiada por francotiradores, como sucedió ya en fincas aledañas a Bajo Grande, cuyos motorizados primero tomaban puntería con los burros y después no se sabe con quién.
Lo primero que perdieron los bajogranaderos cuando llegaron los grandes hacendados que compraron la finca el Hacha, antes de que se vinieran las masacres, fueron los caminos reales. Ya jamás tuvieron acceso al río ni pudieron pastorear sus rebaños por el camino. Esto mismo, la pérdida de las libertades comunes, de compartir el camino que los lleva a sus fincas por parajes más rectos, es uno de los riesgos. Y ya se han visto casos. Muchos caminos reales, tradicionales, han cerrado el paso.
Por favor, Los Montes de María no son del “ave maría pues”, son los montes de nuestros ancestros y la tradición debe prevalecer antes que un desarrollo no concertado plenamente con la propia comunidad.
Meses después de la masacre, viviendo de la caridad pública, algunos de los desplazados, quienes todavía no se acomodaban a vivir de la limosna, observaron perplejos cómo soldados del Gobierno transitaban por el casco urbano con la misma perrita amarilla del día de los hechos, lo que comprobaba una vez más la mezcla de paramilitares con agentes del Estado en la labor sistemática de muerte y desplazamiento. Hoy, muchos años después, ellos quieren olvidar, pero no pueden. De modo que para emprender cualquier proyecto de desarrollo y tumba del monte que parece forrarlo todo en Los Montes de María, es necesario que se sepa la verdad, de lo contrario el proceso, legal o ilegal de ocupación de tierras, estaría viciado. La tumba del monte no puede cubrir la impunidad. El pasado pesa mucho para esta gente.
En algunas masacres cometidas en la región, como la de Chengue, quedó comprobada la participación de agentes de Infantería de Marina, sea por presencia física o por omisión por parte de la cúpula, quienes pudiendo evitar la muerte anunciada, se hicieron los de la vista gorda y en tal sentido ya hubo sentencia judicial. Ellos se enteraron a tiempo de la presencia de los paramilitares y no movieron un dedo sino cuando ya estaba consumada la masacre y al llegar no hicieron otra cosa que obstaculizar el libre ejercicio del periodismo.
A estas alturas, cuando todo tiende a normalizarse, empresas foráneas de todo tipo, la mayoría antioqueñas, han adquirido unas treinta mil hectáreas en la zona abandonada a punta de terror, a un promedio que oscila entre 500 y 600 mil pesos por hectárea. Entre los nuevos propietarios existen, incluso, ex militares. Algunas de esas fincas están en zona protegida por el Estado y se cree que muchas fueron adquiridas bajo algún tipo de presión, desde la económica hasta la de intimidación con carros cuatro puertas igualitos a los que utilizaban los paramilitares antes de desaparecerlos, según lo confirmó en el Foro Agrario de Cartagena, convocado por la Fundación de Desarrollo y Paz de Los Montes de María en junio pasado, el presidente de la Anuc Sucre, Adalberto Villadiego. El famoso carro blanco en que se llevaban a la gente, se observa nítido, ya no de color blanco, sino negro en la mente atribulada de quienes fueron víctimas de sus fantasmagóricas apariciones.
La labor sistemática de neo-colonización o la irrupción de lo que los académicos denominan “La nueva elite agraria en el Caribe”, parece fortalecerse con esta compra masiva de tierra en Los Montes de María, pese a que ahora se quiera suavizar el viaje con una Corporación cuyo lenguaje es netamente antioqueño, sin que se sepa la lista completa de sus aportantes. Aunque la mencionada Corporación no es la dueña de las tierras, algunos de sus socios adquirieron fincas que por su sentimiento y tradición, deben ser devueltas a los campesinos de la región. Ya sea mediante negociación directa con los antiguos dueños o a través de procesos legales amparados por el Gobierno.
La colonización paisa, que empezó con las tiendas de ropas y restaurantes, continúo con las playas de Tolú y Coveñas y se extiende con la compra masiva de tierras en Los Montes de María, debe ser reflexionada profundamente.
No nos oponemos al desarrollo. Que donde haya un rastrojo de aromos y pringamoza se yerga una mata de yuca, ajonjolí o maíz, no es el problema. El problema radica en que nuestra gente tiene sus costumbres ancestrales muy arraigadas y no pueden venir personas de otras regiones de la noche a la mañana a dictarles clases de gaitas y de tangos, porque si Gardel ya murió, Toño Fernández pervive en el corazón de la región.
La situación no es como para mirarla tan ligeramente y justificarla con unas fotos que muestren un cayo de maíz donde antes había rastrojos. El que la trocha para sembrar ese maíz haya sido custodiada por los mismos aliados de su desplazamiento, deja mucho que desear. Es la propia comunidad de desplazados, con la mano del Gobierno, quienes deben liderar el proceso, o es mejor que los montes mismos, así embarbascados, se encarguen de seguir protegiendo la tradición. Antes de seguir tumbándolos, sin que se establezcan los mecanismos de verdad, justicia y reparación, es mejor que le siga lloviendo al sucio. Esos montes allí parados no le hacen daño a nadie. Al contrario, sirven para revitalizar la tierra y para generar nuevos pulmones de oxigeno. Hasta sería mejor declararlos patrimonio ecológico del mundo.
¿A quién va a beneficiar su productividad? ¿Qué mercados van a copar? ¿Qué tipos de tributos se van a pagar? Con lo regionalistas que son los antioqueños no se garantiza que los primeros beneficiarios de su explotación sean los residentes en la zona. La tenencia de la tierra de poder social paso a convertirse en una herramienta de dominación política y militar. En el proceso de desplazamiento de los campesinos operaron varios factores, como la indiferencia estatal, la presencia de la guerrilla y después la alianza de políticos con paramilitares. La tierra dejó de ser un motivo de estatus social para convertirse en una aliada estratégica en la expansión de ideologías y dominación bajo el pretexto del neoliberalismo fracasado de estos días de recesión.
¿Quién nos garantiza que nuestra mochila sabanera no sea cambiada por el carriel antioqueño?
Nuestras costumbres son distintas. Nos gusta compartir el patio y en ese patio un tinto bien conversado, prestarnos la candela por la cerca, atravesar portillos comunes. Siempre compartimos el camino real y ahora ese camino se puede convertir en una trocha custodiada por francotiradores, como sucedió ya en fincas aledañas a Bajo Grande, cuyos motorizados primero tomaban puntería con los burros y después no se sabe con quién.
Lo primero que perdieron los bajogranaderos cuando llegaron los grandes hacendados que compraron la finca el Hacha, antes de que se vinieran las masacres, fueron los caminos reales. Ya jamás tuvieron acceso al río ni pudieron pastorear sus rebaños por el camino. Esto mismo, la pérdida de las libertades comunes, de compartir el camino que los lleva a sus fincas por parajes más rectos, es uno de los riesgos. Y ya se han visto casos. Muchos caminos reales, tradicionales, han cerrado el paso.
Por favor, Los Montes de María no son del “ave maría pues”, son los montes de nuestros ancestros y la tradición debe prevalecer antes que un desarrollo no concertado plenamente con la propia comunidad.
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